Actualización sobre el ‘Derecho de audiencia’ del Banco Popular Español

La Junta Única de Resolución (JUR) se aproxima a la fase final del proceso de derecho de audiencia con respecto a su decisión preliminar sobre si compensar a los accionistas y acreedores de Banco Popular Español S.A. cuyos intereses fueron afectados por la medida de resolución.

La JUR y, en su caso, el valorador independiente han revisado y están finalizando la evaluación de las 2.856 respuestas recibidas de las partes afectadas, registradas y verificadas. Sobre esta base, la JUR considerará debidamente su decisión final sobre si se debe compensar a los accionistas y acreedores afectados. La JUR procurará adoptar y anunciar su decisión en los próximos meses.

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English press release

Antecedentes

El 7 de junio de 2017 la JUR transfirió todas las acciones del Banco Popular Español S.A. (Banco Popular) al Banco Santander S.A. (Santander), después de la amortización y conversión de deuda subordinada en nuevas acciones antes de la transferencia. Es decir, el Banco Popular continúo operando bajo las condiciones normales de mercado como un miembro solvente y con liquidez del Grupo Santander con efecto inmediato.

Debido a la situación de estrés relativa a la liquidez, el Banco Central Europeo (BCE) determinó el 6 de junio de 2017 que el Banco Popular era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera a ser. El BCE se lo notificó debidamente a la JUR. La JUR y la autoridad de resolución española (FROB) decidieron que la venta del banco era de interés público ya que protegía a todos los depositantes de Banco Popular a la vez que garantizaba la estabilidad financiera. Después de la ratificación de la Comisión Europea, el dispositivo de resolución entró en vigor el mismo día.

El 6 de agosto de 2018, la JUR público su acto preparatorio (Comunicación de la JUR) en el que tomó la decisión preliminar de que no se requiere compensar a los accionistas y acreedores de Banco Popular afectados, en base a las conclusiones del informe del valorador independiente sobre la valoración de la diferencia de trato (“valoración 3”). Al mismo tiempo, la JUR abrió el registro para el proceso de derecho de audiencia. Esto permitió a los accionistas y acreedores afectados proporcionar su razonamiento en los casos en los que no estuviesen de acuerdo con los aspectos esenciales de la decisión preliminar de la JUR y explicar por qué consideraban que se deberían haber adoptado enfoques o hipótesis alternativas para el procedimiento de insolvencia ordinario y, en ese caso, cómo desde su punto de vista éstas podrían haber afectado el resultado final.   

La JUR ha recibido 2.856 respuestas de las partes que se registraron y fueron verificadas para tomar parte en el proceso. Los comentarios incluidos en estas respuestas se referían tanto a la manera en la que la JUR abordó la valoración de la diferencia de trato como al informe de valoración 3.

Sobre la Junta Única de Resolución

La Junta Única de Resolución (JUR) es la autoridad de resolución de la Unión Bancaria y el punto central del Mecanismo Único de Resolución (MUR), que actualmente incluye 19 Estados de la zona euro. En particular, la JUR trabaja estrechamente con las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros participantes en la Unión Bancaria, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y las autoridades nacionales competentes. Su misión es asegurar la resolución ordenada de bancos en graves dificultades, protegiendo a los contribuyentes de rescates y propiciando la estabilidad financiera.

About the Single Resolution Board

The Single Resolution Board (SRB) is the central resolution authority within the Banking Union, which at present is the 19 Eurozone states. Together with the national resolution authorities it forms the Single Resolution Mechanism. The SRB works closely with the European Commission, the European Central Bank, the European Banking Authority and national authorities. Its mission is to ensure an orderly resolution of failing banks, protecting the taxpayer from state bail-outs, which promoting financial stability.